Ante el comunicado emitido por el PP de Teror, anunciando que darán inicio al expediente de contratación de la Universidad Popular y la Escuela Municipal de Música a través de la Asociación Canaria de Universidades Populares, presentando una moción, el grupo de Gobierno municipal manifiesta que esta iniciativa ya fue planteada hace meses por el grupo de Gobierno, pero fue rechazada por los servicios jurídicos de la Secretaría General del Ayuntamiento de Teror, ya que no cumple la normativa de contratación y de concurrencia pública.

“En ningún momento se ha hecho dejadez de la reapertura de estos servicios, como quiere hacer creer la oposición. Son muchos los impedimentos que se nos están haciendo desde el Gobierno de la Nación a las corporaciones locales para la contratación, y nuestra obligación es cumplir la ley”, responde el alcalde, ante las acusaciones por parte de la oposición municipal de “desidia” en este asunto.

El primer edil aclara que el Gobierno municipal está llevando a cabo la tramitación para  la gestión indirecta de estos servicios, al no poder el Ayuntamiento contratar directamente al personal, y se están preparando los pliegos para sacar a concurso público la adjudicación y las modificaciones de la normativa municipal para que los servicios puedan externalizarse, ya que la ordenanza vigente no lo permite.

Intentamos que estos servicios educativos tan importantes para los ciudadanos se reanudaran a principios de año, pero no fue posible por los impedimentos legales y porque es necesario que estén aprobadas las cuentas del 2013 para llevar a cabo el concurso público de adjudicación, y la situación política actual ha retrasado aún más su aprobación”, explica Juan de Dios Ramos. 

El PP de Teror, junto con CC y la concejal del Grupo de no Adscritos proponen que la Asociación Canaria de Universidades Populares  “sea la que de forma indirecta gestione tanto la Universidad Popular como la Escuela de Música y Danza y que se cree un grupo de trabajo con el objeto de restablecer las clases a la mayor brevedad posible, dando inicio al expediente de contratación de los servicios de ambos centros”. 

Sin embargo, los juristas consideran que cualquier convenio de colaboración que tenga por objeto la oferta al ciudadano de actividades formativas no regladas, orientadas al ocio, el desarrollo personal y la oferta formativa orientada a facilitar nuevas oportunidades empresariales y socio-laborales, tendría la consideración de contrato administrativo y no estaría excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del sector público, por lo que tendría que prestarse en régimen de libre concurrencia.