16  años después de ser denunciado,  el próximo 19 de junio el   llamado caso Icfem será visto en juicio público, si no se producen nuevos retrasos por las partes implicadas. Se trata de uno de los mayores casos de presunta corrupción registrado en el Archipiélago canario en la etapa democrática. Como recordarán este caso surgió tras  la pertinente denuncia y después de que  un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria comenzara a investigar distintas y supuestas irregularidades detectadas en el desaparecido Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM). Igual que en  los ERES de Andalucía, en este conocido caso se puso en entredicho la gestión de los fondos públicos. En esas fechas, lo recordamos todos, el colectivo “Justicia y Sociedad” denunció en los juzgados un supuesto fraude en las ayudas a la incentivación laboral. Recordamos que también interpuso la correspondiente denuncia el Sindicato  CCOO, pero, lo que son las cosas, hoy por hoy a esta organización sindical  ni está ni se le espera, ya que no figura en el procedimiento penal.

Siempre se ha dicho que la justicia en nuestro país tradicionalmente es  lenta, pero en esta ocasión el proceso se ha dilatado en exceso por diferentes circunstancias que han ido enredando  el asunto de forma escandalosa. Primero fueron recursos de apelación; posteriormente fueron nuevas pruebas periciales así como cambios de criterio que han hecho devolver en varias ocasiones las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 6 de la capital grancanaria. Las intromisiones políticas y las dilaciones intencionadas  han hecho de esta instrucción  un proceso errático donde los haya. A pesar de todo lo sucedido hasta ahora, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha señalado  ya la vista pública para el mes de junio.

En definitiva es un juicio “sumarísimo”  a una forma de hacer política en la que unos irresponsables se aprovechan de unos sistemas irregulares de conceder subvenciones institucionales. Entre testigos y peritos por las nuevas dependencias  de la Ciudad de la Justicia desfilarán un buen número de personas entre ellos varios ex­altos cargos de la administración laboral de las islas. Entre estos ex altos cargos imputados recordamos que se encontraba el fallecido Aurelio Ayala, ex director general del Icfem, quien revelaría en su momento la apertura de expedientes  de reintegros para exigir a los beneficiarios  de aquellas “ayudas” la devolución de seis millones de euros en ayudas al fomento del empleo. Con esto  se intentaba denunciar a una serie de entidades que no habían justificado la realización  de los cursos subvencionados por la Unión Europea. Asimismo con este proceder se negaba, como el resto de ex altos cargos, cualquier tipo de responsabilidad penal en la gestión de esos fondos.

En resumen, ello pone de manifiesto que los ahora altos cargos imputados intentaron recuperar el dinero y combatir de alguna forma el supuesto fraude de terceras personas al Icfem. El Ministerio Fiscal  se circunscribe  a la etapa 1995­1999  periodo en el que se  firmaron una gran cantidad de de contratos de formación con distintas entidades, en los que se cometieron numerosos errores, en la concesión de dinero público a través de subvenciones, muchas de las cuales fueron a parar a organizaciones empresariales y sindicales. “El que la hace, la paga” dice el dicho, pero estamos convencidos de que algunos de los ex altos cargos imputados en este caso fueron sorprendidos en su buena fe, aunque tuvieron la obligación  de velar por el buen uso y destino de los dineros públicos. Al final del proceso judicial sabremos la respuesta a este interrogante.