Huelga General y responsabilidad
Por Sebastián Sarmiento

Los trabajadores españoles están convocados este jueves, 29 de marzo, a una huelga general, para pedir al Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, por un lado la retirada de la recientemente aprobada Reforma Laboral que en principio fue aprobada por el Ejecutivo sin acuerdo con los representantes sindicales, y por otro lado para protestar contra los recortes en derechos sociales. Han sido numerosos los pronunciamientos a favor y en contra de esta huelga general, un recurso previsto en la Constitución Española de 1978 para defender los intereses de un sector de la sociedad cuando éstos se consideren conculcados por los gobiernos correspondientes.

Aunque la Iglesia oficial no se ha pronunciado sobre el particular, instituciones cercanas a la misma como son la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC) si han dado a conocer sus reflexiones en torno a esta convocatoria del 29-M, “desde nuestro ser Iglesia- señalan ambas- y nuestra misión evangelizadora en el mundo obrero y del trabajo”.  Tanto la HOAC como la JOC tienen claro que por mandato constitucional el Gobierno y el Parlamento  tienen la legitimidad para legislar y aprobar leyes que consideren necesario en cada momento. Sin embargo entienden también  que la sociedad civil “puede manifestar y orientar, desde su opinión y acción pacífica, las medidas que el poder legislativo y ejecutivo lleven a cabo”.  Los sindicatos convocantes de esta huelga general consideran asimismo que muchas de las  medidas que se contienen en la Reforma Laboral del actual Gobierno no han sido fruto de la negociación y el consenso entre los diferentes agentes sociales, sobre todo en un momento en el que la realidad socioeconómica  y las cifras de paro demandan políticas y  otras reformas estructurales.

Los sindicatos consideran esta reforma laboral injusta y rechazable “porque constituyen un duro golpe al derecho laboral y a los derechos de las personas y familias trabajadoras”. Asimismo creen que los recortes en derechos laborales y sociales que se están imponiendo en estos momentos son injustos e injustificados. Se trata de unas decisiones que afectan al conjunto de la sociedad, pero de forma más lesiva-añaden- a los sectores más débiles y empobrecidos del mundo del trabajo.
En el fondo de todo este debate subyace el pensamiento de que esta reforma al igual que las anteriores parten de un mal planteamiento, y es el de pretender someter los derechos de los trabajadores  a las exigencias de la economía. Para la HOAC y la JOC lo justo y lo humano debe ser lo contrario: ordenar el funcionamiento de la economía desde los derechos de las personas trabajadores, tal y como lo han expresado el  Concilio Vaticano II en la “Gaudium et spes”, y Juan Pablo II en la “Laborem exercens”.
La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) es también clara,en los últimos siglos, en el reconocimiento de esta medida de la huelga  en casos necesarios. Así se indica que la DSI  reconoce la legitimidad de la huelga “cuando constituye un recurso inevitable, si no necesario, para obtener un beneficio proporcionado”, después de haber constatado la ineficacia de todos los posibles  caminos para superar conflictos. En este sentido se señala también que la huelga se puede definir como el rechazo colectivo y concertado de los trabajadores a seguir desarrollando actividades con el fin de obtener, mediante la presión a los patronos, al Estado y  a la opinión pública, mejoras en sus condiciones de trabajo y en su situación social. 
Asimismo a través de la lectura sosegada de la DSI se entiende que la huelga debe ser siempre un método pacífico de reivindicación y de lucha por los derechos de la clase trabajadora. Por el contrario se considera “moralmente inaceptable una huelga cuando va acompañada de actos violentos o cuando se lleva a cabo en función de objetivos no vinculados con las condiciones del trabajo o vayan en contra del bien común.

Por todo lo expuesto se entiende que la actual convocatoria general está justificada en la defensa de los derechos de las personas y familias trabajadoras, siendo la expresión de las legítimas funciones sociales que corresponden a las centrales sindicales convocantes.

En definitiva — reiterando que respetamos todas las opiniones en torno a esta convocatoria–, es preocupante el modo en que algunos sectores políticos y sociales tratan de deslegitimar la acción de los sindicatos. Insistimos en que el objetivo planteado por los convocantes es legítimo y justo si bien el recurso a la huelga debe ejercerse con responsabilidad y sobre todo de forma pacífica dentro de los cauces democráticos. Es verdad que los sindicatos necesitan mejorar su funcionamiento y su acción en nuestra sociedad, fundamentalmente en la defensa de los más vulnerables y empobrecidos. Eso no debe restar ni un ápice al papel que desempeñan los sindicatos en la defensa de la dignidad de las personas, como señala la Constitución Española, y tal y como insiste la DSI un bien social. 

Un último dato, ofrecido precisamente por la actual Consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno canario, Margarita Ramos: los primeros resultados de la reforma del mercado laboral, según ella, son desalentadores, ya que  se está destruyendo empleo con un grado de intensidad preocupante.

Por lo tanto se abre de cara a esta jornada del 29-M, un proceso de reflexión personal y colectiva para, a la luz de los documentos mencionados de la propia Constitución Española y la Doctrina Social de la Iglesia, actuar en consecuencia.