Una nueva transición… económica
Por Sebastián Sarmiento

Con  lo  que está cayendo por todos lados  hay que “guarecerse”,  por si acaso. Despilfarro y  autentica “orgía” del gasto el que se observa en el panorama nacional y regional. No es el caso Divar, solamente. La decepción de los ciudadanos por esta  sociedad en la que estamos viviendo es muy grande. El despilfarro que se advierte en las instituciones tanto  regionales como nacionales en medio de esta crisis que viene gravitando desde hace varios años sobre los ciudadanos, es algo que está inquietando a no pocos analistas políticos. Muchas personas se preguntan si ha merecido la pena luchar contra una dictadura política para caer en otra dictadura del consumo desenfrenado y de la escasa ética que algunos de nuestros políticos hacen gala en estos momentos. Sobre todo con la crisis económica que se está cebando con los más pobres, con los parados, con los menos privilegiados por la vida.

La semana pasada se cumplían 35 años de las primeras elecciones democráticas, un 15 de junio de 1977, fecha histórica en nuestro país tras una larga y dura dictadura del General Franco. Dos años y medio después, en 1978, nos dotábamos de una Constitución, equiparándonos a los mejores países europeos democráticos. La Transición española fue un acontecimiento que los analistas internacionales vieron como ejemplar y que serviría de modelo para aquellos otros países que aún sentían la bota de la dictadura.

La constitución del 78 sin duda alguna nos trajo la modernidad a un país aún atrasado desde el punto de vista económico y político. La Constitución que nos trajo el diálogo y la igualdad a todos los españoles, estableció una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincia y comunidades autónomas, rigiéndose  todas esas instituciones  por el principio de la solidaridad. Tras un rápido proceso de formación del Estado de las autonomías, las Comunidades Autónomas disfrutan de una autonomía de naturaleza política que configura a nuestro país como un estado fundamentalmente regional. En efecto, las entidades locales como los municipios y  las provincias,  gozan  de una autonomía de corte administrativo, cuyas instituciones deben actuar en base a criterios de oportunidad, dentro del marco legal fijado por el Estado y las Comunidades Autónomas.

Las regiones, históricas y no históricas, comenzaron muy pronto a  organizarse territorialmente incluyendo proyectos y obras para una adecuada modernización de esas tierras de nuestra piel de toro. Al principio y debido al atraso de algunas de ellas, debieron endeudarse hasta las cejas para sacar adelante obras imprescindibles para el despegue económico y social. Pero, posteriormente, avanzando el tiempo, y con una visión de “nuevos ricos”, – aprovechando los años de bonanza económica-, la mayoría de nuestras autonomías se fueron “entrampando” hasta  niveles insospechados y alarmantemente preocupantes.

Como ejemplo de los “desmanes” económicos y políticos podemos citar los conocidos de la Comunidad Valenciana: el aeropuerto “sin aviones” de Castellón, hecho “a golpe de talonario”  a mayor gloria del popular Carlos Fabra, instalaciones  que siguen sin operar; polideportivos, centros de día o bibliotecas permanecen cerrados, ideados por el megalómano de turno, y que no se pueden abrir por falta de dinero. Casos similares los podemos detectar en autonomías de todos los colores, destacando las de Madrid, Andalucía, Cataluña y las dos Castillas, etc…

En suma que el hábito despilfarrador se ha instalado  en los últimos años en numerosas instituciones públicas. Por ello ha de pensarse seriamente en una segunda transición económica en la que  brille la transparencia de las obras que se hagan con una nítida información de sus costes. No somos de la opinión de deshacer el Estado de las autonomías, como algunos piensan. Esa descentralización ha sido positiva para todos. Es necesario por tanto un mayor control en el gasto y presupuestar de forma objetiva y de acuerdo a las necesidades reales de la población.

Con la crisis tan grave que padecemos no hay otra alternativa. Es necesario enterrar el desmedido consumo, absurdo e irracional, dejando paso a un periodo de mayor contención del gasto. La excepción sería para los servicios sociales, aunque siempre dentro de unos límites objetivos.  Con cinco millones de parados; con personas sin viviendas por que los bancos se las han “arrebatado”; con gente pasando hambre (afortunadamente  atendidas por Cáritas y otras ONGs) y  con jóvenes milieuristas desesperados… no podemos seguir gastando un dinero que no tenemos…. Toda esta situación nos está exigiendo a gritos una revisión drástica  de las prioridades presupuestarias de las instituciones más cercanas como la Comunidad Autónoma, los Cabildos y Ayuntamientos. Debe ponerse fin a los excesos y  gastos suntuarios que no  sirven para nada. Empecemos una nueva transición económica, como si en ellos nos fuera la vida. Y es que se nos va, señores.