¡No a los desahucios salvajes!
Por Sebastián Sarmiento

Pendiente solamente de la autorización gubernativa, los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la provincia de Las Palmas iniciarán en breve en las calles de las  principales poblaciones canarias la recogida de firmas  al objeto de que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la reforma de la actual Ley Hipotecaria pueda ser presentada en el Congreso de los Diputados para su debate. Ni las protestas en la calle, ni  las concentraciones realizadas a raíz de los más de los 58 mil expedientes de desahucios procesados por los Juzgados españoles a lo largo del pasado año, ni siquiera la resistencia civil frente a la Policía, ha conseguido que ni el Gobierno socialista anterior ni el actual del Partido Popular atiendan la principal reivindicación de los afectados por este problema: la dación en pago.

Por todo ello la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, sindicatos, movimientos sociales y vecinales han redactado un documento a modo de Iniciativa Legislativa Popular para que las Cámaras de nuestro país, el Congreso y el Senado, regulen la mencionada dación en pago con efectos retroactivos. Asimismo se intenta parar los desahucios, y establecer de alguna forma más equitativa alquileres sociales.

La abogada y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Las Palmas, Isabel Saavedra, ha señalado a este respecto que  esta Iniciativa Legislativa Popular ha sido impulsada por este movimiento a nivel nacional así como por la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, las centrales sindicales UGT y CCOO, el Observatorio “Derechos Económicos Sociales y Culturales” y la Confederación de Asociaciones Vecinales de dicha región. Los promotores de esta ILP,  aceptada ya por la mesa del Congreso, tienen de plazo hasta el 31 de octubre de este mismo año para la recogida de un mínimo de 500.000  firmas. De todas formas, los miembros de estas Plataformas  ciudadanas esperan reunir millones de firmas, ya que según la propia Isabel Saavedra, se trata de un clamor popular para parar estos desahucios tan salvajes.

Este problema de los desahucios surgió, como recordarán, el año 2007, fecha en la que dio comienzo la famosa “burbuja inmobiliaria”. Pues bien entre el 2007 y el 2011 se registraron  cerca de 350 mil ejecuciones hipotecarias en nuestro país,  siendo las  más afectadas por el problema las regiones de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y en menor grado, Canarias.
Atendiendo a las actuales circunstancias en lo económico de muchas familias no cabe duda que la legislación hipotecaria vigente es anómala y en cierto sentido perversa. Muchos de los afectados por la hipoteca señalan que entregar el piso por no poder hacer frente a sus obligaciones bancarias debería ser suficiente para saldar la deuda. Sin embargo en la práctica, por el momento, no es así. Por eso la modificación de tal legislación está siendo reclamada desde muchos sectores judiciales, conociéndose incluso sentencias que favorecen a los inquilinos que no pueden pagar las hipotecas, o también desde  los ayuntamientos que están aprobando mociones en esa línea.

Precisamente por la  imperfección de la propia legislación hipotecaria actual, la ILP, cuyo objetivo fundamental es la vivienda habitual, quiere ir más allá: según sus promotores, se intenta que la nueva ley, de ser aprobada, frene las condiciones abusivas y erradique la especulación de la vivienda que han provocado las entidades financieras.
Por el  momento la dación en pago que se propone en la ILP sólo sería  para la vivienda habitual y  que el alquiler social que debe sustituir el desahucio no deberá ser superior al 30 por ciento de los ingresos de la familia. En esta ILP se pide la paralización de los desahucios y que, en caso de ser vivienda única y habitual,  la hipoteca se pueda reconvertir en un alquiler social asequible.

Con todo, el decreto que aprobó recientemente el  gobierno del PP, conocido como de “buenas prácticas”, recomendaba a los bancos que de forma voluntaria se acogieran a la dación en pago en casos extremos. Según se ha comprobado, tal recomendación no se ha tenido en cuenta por los bancos. Los miembros de las Plataformas de Afectados por Hipoteca consideran ese decreto como “una tomadura de pelo más”, una simple “operación de marketing”, al decir de algunos de ellos.
Por lo tanto, la gran esperanza para los desahuciados, quizás la única, sea  que la ILP logre reunir en el menor plazo posible la barrera de las 500.000 firmas antes del próximo 31 de octubre y pueda ser debatida en el Cámara baja. Que sea aprobada será otro cantar, pero el primer paso hay que darlo, apoyando el documento con las firmas de todos los ciudadanos. Ánimos a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y que los “padres de la patria” se lo piensen bien antes  de emitir su voto.