No sé lo que está pasando en este país nuestro que  está  perdiendo derechos alcanzados con la Democracia, tras la aprobación de la Constitución de 1978, conocida también como de la Concordia. Además  de  perderse  muchos logros sociales y  laborales,los “recortes” efectuados por los últimos gobiernos por mor de la crisis económica nos están retrotrayendo a épocas anteriores a la Transición. Ejemplo de lo que decimos está, entre otras cosas, en la Reforma Laboral, en la LOMCE o Ley “WERT de Educación,o en el anteproyecto de  Ley sobre el aborto, etc, etc. Todo se ha vuelto complejo y a veces ridículo.

Observen, si no, lo que ha propuesto la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado que ha elaborado una propuesta de estatuto en la que incluyen aspectos novedosos como que se permita a este colectivo realizar sus primeras inspecciones de incógnito y realizar pagos a confidentes para obtener informaciones de las que se deriven el afloramiento o la recuperación de cuotas defraudadas.  Unas medidas, claro está, para luchar contra el fraude. Este cuerpo profesional de inspectores pide que se debería regular un procedimiento de obtención de información sin identificación previa y, como se dice en derecho, con la “fuerza probatoria” de las diligencias de inspección. En una palabra que solicitan que estos inspectores puedan actuar contra el fraude algo así como de incógnito.

Es más, como para llevar a cabo una lucha contra el fraude fiscal deben llegar a todos los ciudadanos, sea quien sea, solicitan disponer de fondos para el pago de informaciones confidenciales, con un régimen muy parecido al que utiliza la Policía o la Guardia Civil en casos determinados. En definitiva a partir de ahora se  “gratificará” al vecino “chivato” que te denuncie si te has pasado con  tus obligaciones tributarias o te has aprovechado  de  negocios no muy claros. El objetivo de estas propuesta es el afloramiento o la recuperación de cuotas defraudadas, similar al que existe para el pago de operaciones relacionadas con la persecución del contrabando. En esa línea  se solicita que se potencie la figura de la denuncia tributaria, introduciendo una modificación en la legislación vigente para que  el denunciante participe en un porcentaje de la sanción que se imponga al denunciado… Una medida que ,al parecer, ya ha estado vigente en España hasta el año 1986.

Las críticas a estas  medidas no se han hecho esperar y las redes sociales es un ejemplo de lo que decimos respecto de estas propuestas que se han  hecho públicas. Una de esas críticas la ha proferido el  Fiscal anti corrupción de Baleares, Pedro Horrach, muy popular en los últimos meses por ser el Fiscal del caso “Nóos”.  Horrach ha venido a decir que “denunciar al vecino, me parece una tontería. ¿para qué están los servicios públicos que tanto dinero nos cuestan?”. Este Fiscal se ha mostrado partidario de  una recompensa económica para los “soplones”, si su denuncia  sirve para destapar un caso de malversación de caudales públicos y permite al Estado recuperar millones de euros… Se trata de un fiscal que en los últimos tiempos se ha ocupado de perseguir a los defraudadores  y mafiosos de “cuello blanco”…

Desde luego estamos de acuerdo que se luche contra el fraude y sobre todo aquello relacionado con  la evasión de grandes capitales  hacia  los paraísos fiscales,  y que muchas veces queda impune. En esa línea de luchar con estas conductas insolidarias, va  la proposición no de ley registrada en el Congreso por  Izquierda Plural planteando la posibilidad de crear un fondo a disposición de la agencia tributaria para poder pagar a los confidentes que ayuden a destapar casos de fraude fiscal, así como considerar delito todas las actuaciones que permiten la evasión, incluyendo el asesoramiento. Para este grupo político, el fraude y los paraísos fiscales “atacan gravemente” el bienestar de los países y la redistribución de la riqueza, aumentando,eso sí, la desigualdad y la pobreza, y contribuyendo por otro lado a la corrupción y la delincuencia organizada.

En definitiva  que siempre estaremos de acuerdo con  todas estas propuestas  para  ayudar al Estado a que se eliminen los corruptos o evasores de  dinero al extranjero. Pero que para “coger” a los ciudadanos de a pié, se potencie la figura del “chivato” con opción a una posible “propina” de la administración”, en eso no estamos de acuerdo. ¡Cuántas denuncias infundadas y sin base se pondrán ante la Agencia Tributaria, porque este o aquel vecino me cae mal o lo tengo entre ceja y ceja!. Además esta práctica nos conduciría  posiblemente a un estado casi policial, en el que cada ciudadano que desconfíe de su vecino, lo denunciará bajo el pretexto  de  un suculento pago a cargo de la administración.