Martes, 23 octubre 2018
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APUNTE 17/01/2018
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Corrupción Política y Justicia
Por Sebastián Sarmientochano_sarmiento_apunte


Doce años después de ser denunciada, la operación “Faycan”--uno de los casos de corrupción política más importantes de Canarias—ha terminado en el banquillo, con lo que una vez más se cumple el refrán castellano que dice que “el que la hace,la paga” o al menos nadie de los que supuestamente metieron la mano en la caja, “se irán de rositas”. La Audiencia Provincial de Las Palmas acogerá hasta el mes de mayo, o quizás hasta antes,las casi 40 sesiones del mayor juicio por corrupción celebrado hasta ahora en nuestra tierra. Este juicio sienta en el banquillo a 28 personas,acusadas de haber formado parte --supuestamente--de una trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento grancanario de Telde en un período que va desde el 2003 al 2006, etapa en la que gobernaban el municipio sureño el PP y CIUCA.

Los canarios conocen con amplitud de detalles este caso que saltó los límites de Canarias y tuvo su eco en los medios nacionales. Entre los 28 procesados se encuentran,entre otros, dos ex-alcaldes,ambos del PP; tres ex concejales ,varios empleados municipales,un grupo de empresarios y hasta familiares de algunos encartados. De entre los procesados al principio estarán ausentes por fallecimiento la considerada cabecilla de la trama,Antonia Torres,y Fernando Verona. En total, para todos ellos el Fiscal Anticorrrupción,Luis del Río, solicita 135 años de cárcel, aunque con la aceptación de las penas y los acuerdos alcanzados con la Justicia,las penas serán menores. Según se lee en los autos, los procesados tuvieron dos formas de actuar en la trama:una a través de las adjudicaciones de obras en las que las amañaban para que en compensación recibieran unas comisiones. La otra forma era alterando la prelación del pago abonando antes las facturas pendientes de hasta 9 empresas amigas.

Desgraciadamente actuaciones chusqueras como las registradas en Telde están siendo enjuiciadas en otros lugares de España, en casos en los que se esta analizando la financiación ilegal de partido como el caso “Palau”, la “Gurtel”, etc, sin olvidarnos de los ERES de Andalucía donde se producía ademas una enriquecimiento personal ilícito por parte de algunos políticos irresponsables o funcionarios ambiciosos... En Canarias además están pendientes de juicio, casos como el “Eólico”, “Góndola”, o el del Patronato de Turismo de Fuerteventura.... En la mayoría de los casos,actualmente en los Tribunales,es el PP el grupo político situado en el “ojo del huracán”, sin olvidarnos del PSOE (eres de Andalucía),Convergencia i Unió, etc, etc.

En todos esos casos y en otros pendientes de calificación judicial lo “cabreante” para el ciudadano de a pié es la celebración con años y años de retraso,de estas vistas judiciales. El caso “Faycan” teldense ha sufrido demoras injustificables, bien por coincidir convocatorias electorales o por la recuperación de los magistrados ponentes de los mismos. En ocasiones, el retraso es de tal calibre que algunos procedimientos prescriben por el tiempo transcurrido desde su denuncia hasta la fecha judicial. Por ello estamos disconformes con el modo de proceder de la administración de la Justicia ya que como reconoció en su día el ex Fiscal General del Estado,Torres Dulce, “no todos los sectores de nuestra sociedad tienen interés en que la justicia sea rápida y eficaz”. Por consiguiente la justicia que no sea rápida ni eficaz, no es justicia ni nada. Se impone pues una reforma del aparato judicial en nuestro país y que los encargados de administrarla y de llevarla a cabo, se pongan las pilas.

No se entiende que gente cogida con las manos en la masa,se vayan a sus casas sin apenas penas de prisión. Penas que en algunas ocasiones quedan en nada por buen comportamiento carcelario o porque llegan a acuerdos extrajudiciales que les permite no ingresar en la cárcel. Se hacen necesario políticos intachables que dediquen su vida a los demás, sin que se aprovechen de los cargos.

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